La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino, del PP, del delito continuado de prevaricación administrativa por el que estaba imputada desde 2019. La fiscalía, tras la denuncia particular de un concejal del partido local Vecinos por Villa del Prado, la acusaba por supuestamente haber contratado los servicios de dos empresas, una de fontanería y otra de electricidad, sin que hubiese existido un proceso de licitación público y pedía una inhabilitación de 12 años para ocupar cargos públicos. Con la resolución, después siete años en disputa, Rodríguez podrá mantenerse en el cargo como lo ha hecho hasta ahora.. Seguir leyendo
Belén Rodríguez Palomino, en el cargo desde 2007, tenía abierto el proceso desde hace siete años por no licitar públicamente los contratos para los servicios de electricidad y fontanería del consistorio
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino, del PP, del delito continuado de prevaricación administrativa por el que estaba imputada desde 2019. La fiscalía, tras la denuncia particular de un concejal del partido local Vecinos por Villa del Prado, la acusaba por supuestamente haber contratado los servicios de dos empresas, una de fontanería y otra de electricidad, sin que hubiese existido un proceso de licitación público y pedía una inhabilitación de 12 años para ocupar cargos públicos. Con la resolución, después siete años en disputa, Rodríguez podrá mantenerse en el cargo como lo ha hecho hasta ahora.. “Se me ha hecho un poco largo el camino, pero estoy muy contenta”, ha comentado la edil en conversación telefónica con EL PAÍS tras conocerse la sentencia. El documento, al que ha tenido acceso este diario, deja claro que “no consta ningún tipo de concierto entre la investigada y ambas empresas ni consta que la investigada se lucrase de algún modo por la adjudicación de las obras realizadas”.. Rodríguez es alcaldesa del Ayuntamiento de Villa del Prado desde 2007, y antes ya había sido concejala. Cuando asumió el máximo cargo, las empresas en cuestión, Cochele Electricidad S.L. e Instalaciones Barbero S.L., ya brindaban al consistorio servicios de electricidad y fontanería respectivamente sin que mediara contrato formal alguno. La contratación del servicio era muy fácil: los vecinos comunicaban al ayuntamiento de la existencia de algún fallo, como “la rotura de una tubería” o “de una farola”, y este remitía la incidencia a la empresa correspondiente para que la solucionara.. La concejalía encargada firmaba la factura y se procedía al pago mediante transferencia, a las que nunca se puso reparo. “Como es fácilmente observable y entendible, la simpleza del expresado sistema obedece a encontrarnos con la gestión municipal de un municipio pequeño, de apenas siete mil habitantes”, señala el dictamen. Las facturas anuales emitidas entre 2014 y 2017 confirmaron pagos de 633.400 euros en total entre las dos empresas.. Tras las denuncias de la oposición, en 2019 se licitó formalmente el contrato público, que quedó adjudicado a la empresa Instalaciones Barbero S.L.. La sentencia, además de reconocer que Rodríguez no se lucraba con estos contratos a dedo, incluso señala a su favor que desde que las obras se han licitado “se han incrementado los costes por los servicios prestados por ésta, tal y como han reconocido en sede judicial los dos representantes de ambas empresas”.. Ese mismo año de la licitación comenzó el proceso en el que se acusó a la alcaldesa por prevaricación administrativa y que ha concluido con la sentencia absolutoria que se ha dado a conocer este martes. “Han sido siete años que se hacen muy largos, siete años en las redes sociales, con esto que parecía que no iba a terminar”, destaca Rodríguez, que dice que ha tenido al menos 12 denuncias desde que está en el poder, que habían terminado en el cajón, menos esta.. A pesar de que estaba imputada desde 2019, Rodríguez se pudo presentar a las elecciones municipales de 2023 con el beneplácito de su partido. “Yo no tuve ningún problema para presentarme a las elecciones porque el código ético del PP recoge como impedimento la corrupción, y este caso no se trataba de eso”, aclara.. Un portavoz del PP de Madrid confirma a este diario que siempre han defendido “que no se trataba de un caso de corrupción”. “Han sido años difíciles e injustos para una persona que era víctima de una campaña por parte de unos actores políticos de su municipio que ya ni siquiera tienen representación. Confiamos en la acción de Justicia y celebramos un fallo en el que se deja claro que nunca existió un ‘interés personal, económico o espurio’ por parte de la alcaldesa”, concluye.
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