Las portuguesas sufren más episiotomías, maniobras de Kristeller y el uso de fórceps durante el parto que otras europeas. Los últimos estudios calculan que el 40% de las parturientas son sometidas a cortes en el perineo (episiotomía) para agrandar el canal de parto, a pesar de que no existe evidencia científica de que beneficie a la madre o al bebé y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo recomienda en los partos vaginales espontáneos. Estas cifras podrían bajar tras la aprobación de una ley contra la violencia obstétrica, que incluye penalizaciones y sanciones contra los hospitales y profesionales que ejerzan prácticas injustificadas durante el proceso. Los centros podrán sufrir sanciones y castigos en su financiación “siempre que vulneren las recomendaciones de la OMS”, mientras que los profesionales implicados podrán enfrentarse a procedimientos disciplinarios.. Seguir leyendo
La nueva norma contempla sanciones para combatir la realización rutinaria de episiotomías y otras prácticas innecesarias durante el parto
Las portuguesas sufren más episiotomías, maniobras de Kristeller y el uso de fórceps durante el parto que otras europeas. Los últimos estudios calculan que el 40% de las parturientas son sometidas a cortes en el perineo (episiotomía) para agrandar el canal de parto, a pesar de que no existe evidencia científica de que beneficie a la madre o al bebé y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo recomienda en los partos vaginales espontáneos. Estas cifras podrían bajar tras la aprobación de una ley contra la violencia obstétrica, que incluye penalizaciones y sanciones contra los hospitales y profesionales que ejerzan prácticas injustificadas durante el proceso. Los centros podrán sufrir sanciones y castigos en su financiación “siempre que vulneren las recomendaciones de la OMS”, mientras que los profesionales implicados podrán enfrentarse a procedimientos disciplinarios.. La norma ha sido aplaudida por los colectivos que reivindicaban una nueva cultura de parto en el hospitales que respete los derechos de las mujeres y de los bebés, mientras que ha levantado una gran contestación entre los profesionales sanitarios. “Esta ley responde a lo que nosotras pedíamos y completa cuestiones que no había resuelto la ley de 2019, que ya era bastante avanzada”, explica por teléfono Sara do Vale, fundadora y miembro de la directiva de la Asociación Portuguesa por los Derechos de la Mujer en el Embarazo y el Parto.. La ley, sin embargo, ha sublevado a la Orden de los Médicos (el colegio profesional), irritada tanto por la expresión elegida para darle nombre, “violencia obstétrica”, como por haber excluido a los profesionales sanitarios de su elaboración. “La terminología no fue adoptada por la OMS ni concuerda con los patrones seguidos actualmente en los países de la Unión Europea. Su utilización difunde un clima de alarma y desconfianza entre embarazadas y familias”, criticaron en un comunicado.. El colegio profesional ha solicitado una reunión de “urgencia” con el Ministerio de Sanidad para trasladarle su opinión. “Los obstetras tienen mucho poder y están interpretando esto como una situación de usuarios contra profesionales, cuando es un avance en los derechos de las mujeres. Si tienen buenas prácticas, no deberían temer nada”, indica Sara do Vale.. En España no existe una legislación específica ni se contempló el término en la ley sobre salud sexual y reproductiva aprobada en 2023, aunque en ella sí se aboga por disminuir el “intervencionismo, evitando prácticas innecesarias e inadecuadas que no estén avaladas por la evidencia científica” y por respetar la autonomía de las mujeres durante el alumbramiento.. La violencia obstétrica fue incluida, sin embargo, como una de las formas de violencia machista en la ley que la Generalitat de Cataluña aprobó en 2020. Un planteamiento compartido por el Parlamento europeo, que instó en una resolución de 2021 a los estados a combatir “la violencia ginecológica y obstétrica mediante el refuerzo de los procedimientos que garantizan el respeto del consentimiento libre, previo e informado y la protección frente a un trato inhumano y degradante en los centros asistenciales”.. Sara do Vale sostiene que el concepto es amplio y también incluye el maltrato verbal a las gestantes. Calcula que la violencia obstétrica afecta a un tercio de los partos que se realizan en Portugal. Y aunque su asociación está satisfecha con el texto, que entró en vigor el pasado 1 de abril, también es cauta ante su aplicación. “Portugal tiene muchas leyes progresistas que luego no se llevan a la práctica”, advierte.. La crisis política que ha llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas retrasará el desarrollo de un reglamento de la ley; y su dotación presupuestaria, que debería financiar campañas de sensibilización y la formación de profesionales sanitarios, solo está prevista para 2026.. Para el Observatorio de Violencia Obstétrica de Portugal, la nueva legislación es un paso adelante aunque insuficiente, al no definirla como “violencia de género” y al enfocarse en la episiotomía “omitiendo otros actos como la maniobra de Kristeller, administración farmacológica sin consentimiento (oxitocina) y otras pérdidas de movilidad y autonomía”, sostienen en un comunicado.. El proyecto de ley fue una iniciativa que sintetizó los textos presentados por dos formaciones minoritarias de la Asamblea de la República, el Bloco de Esquerda y Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que recibieron el respaldo de todas las fuerzas de izquierda. A pesar de que el Gobierno de centro derecha se oponía a la medida, los 80 votos de la coalición de gobierno fueron insuficientes ante los 92 del ala progresista y gracias a la abstención de la ultraderecha (Chega) e Iniciativa Liberal. El proyecto se aprobó en el Parlamento el pasado 14 de marzo.. No obstante, el Colegio de Médicos ya ha anunciado que batallará para alterarla lo antes posible y que promoverá una serie de sesiones de debate con sociedades científicas, hospitales y especialistas para reflexionar sobre el cambio. “La ley, tal y como está redactada, está técnicamente mal concebida y no se basa en la evidencia científica. Estigmatiza el trabajo médico, no respeta su autonomía técnica e incentiva una práctica defensiva que podrá comprometer la toma de decisiones clínicas en beneficio de la salud de la mujer y del bebé”, señalan.. También la Orden de los Enfermeros ha expresado reparos a la nueva norma. En una nota, el presidente del colegio, Luís Filipe Barreira, asegura que es una ley que nace con la “noble intención de garantizar cuidados seguros y humanizados a las mujeres”, pero lamenta que las buenas intenciones hayan ignorado el parecer de los especialistas. “La Orden de los Enfermeros no ha sido escuchada”, afirmó. Barreira también subrayó que la “ambigüedad” legal, la “falta de criterios técnicos” y el cuadro sancionador podrán generar “inseguridad, distanciamiento y prácticas defensivas”.
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