Algo tan básico como acostarse cuando uno tiene sueño o decidir cuándo salir de la cama no está garantizado para parte de la población: quienes viven en residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad. Así se constata en el censo sobre estos centros publicado este jueves por el Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Se trata de la segunda edición de este informe, que traza una radiografía a nivel nacional sobre estos servicios y que hasta esta legislatura no existía de forma homogénea en el país. El 53% de los directores de estos recursos responde que en sus instalaciones no se permite a los usuarios decidir cuándo levantarse o acostarse. Es decir, que probablemente por cuestiones organizativas, se elige por ellos. Un ejemplo claro de las limitaciones a la autonomía que siguen existiendo, pese a que en gran parte del sector se defienda un cambio de modelo y que sean realmente las instituciones quienes se adapten a las necesidades de las personas, y no al revés.. Seguir leyendo
Tres de cada cuatro centros tiene un plan para eliminar las inmovilizaciones de los usuarios, según un informe que también engloba a los centros para personas con discapacidad
Algo tan básico como acostarse cuando uno tiene sueño o decidir cuándo salir de la cama no está garantizado para parte de la población: quienes viven en residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad. Así se constata en el censo sobre estos centros publicado este jueves por el Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Se trata de la segunda edición de este informe, que traza una radiografía a nivel nacional sobre estos servicios y que hasta esta legislatura no existía de forma homogénea en el país. El 53% de los directores de estos recursos responde que en sus instalaciones no se permite a los usuarios decidir cuándo levantarse o acostarse. Es decir, que probablemente por cuestiones organizativas, se elige por ellos. Un ejemplo claro de las limitaciones a la autonomía que siguen existiendo, pese a que en gran parte del sector se defienda un cambio de modelo y que sean realmente las instituciones quienes se adapten a las necesidades de las personas, y no al revés.. En servicios sociales, donde las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y entidades locales, contar con datos completos y comparables es complicado. Tanto es así, que en plena pandemia las autonomías y el ministerio acordaron que se pondría en marcha un censo dentro del plan estadístico nacional para acabar con esta situación. La primera edición se publicó en 2024, con datos de 2022. La segunda recoge cifras de 2025.. En España hay 4.596 residencias para mayores —con 348.567 plazas— y 1.319 para personas con discapacidad —con 47.466 plazas—. En ambos casos prevalece la titularidad privada frente a la pública: casi el 66% para los primeros, y el 56% para los segundos. La diferencia es que en el ámbito de mayores tiene mayor peso el sector privado con ánimo de lucro y en el de discapacidad, sin ánimo de lucro (las entidades sociales). “Se han generado dos culturas diferentes”, ha apuntado la directora del Imserso, Mayte Sancho.. La tasa de respuesta de los centros a los que se ha pasado el cuestionario ha sido del 92,7%. En el ministerio la valoran como muy alta, y es mejor que en la edición anterior, pero aún hay casi un 8% de los recursos que no ha respondido (es posible que algunos de ellos hayan cerrado, según ha explicado la directora del Imserso).. La fotografía que arroja este informe demuestra que aún hay camino por recorrer para lograr un cambio en el modelo de atención. Las residencias de mayores siguen siendo grandes, con más de la mitad de las plazas en centros con capacidad para más de 100 personas y un 13%, en edificios que pueden albergar a más de 200. En el ámbito de la discapacidad, sin embargo, las instalaciones son más pequeñas —no llegan al 20% de las plazas en centros de más de 100 personas—.. En ambas tipologías de centros, más de la mitad de los residentes comparten habitación. Tres de cada cuatro residencias disponen de un plan para eliminar las restricciones, que suponen la inmovilización de los usuarios, tanto de forma física como farmacológica —en la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad recién aprobada se recoge, de hecho, el derecho a una atención libre de estas sujeciones—.. La directora del Imserso ha destacado algún aspecto positivo, como que más de la mitad de los centros asegura que permite la convivencia con mascotas o que el 94% dispone de un plan personal de atención para cada usuario. Aunque hay “margen de mejora” respecto a la implicación de las familias en las residencias, según expone el ministerio en un comunicado. Si bien el 93% de los recursos permite su implicación, baja al 78% quienes aseguran permitir su presencia física en los centros.. “El horizonte no puede ser otro que la construcción de un sistema público de cuidados universal”, ha expuesto la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Todo ello, “respetando la voluntad y preferencia de las personas y facilitando la vida en la comunidad”. Pero el camino apenas está echando a andar. A este cambio de modelo, ha asegurado, contribuirá la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que aporta el marco para que los cuidados sean más flexibles y personalizados.. Según Martínez, quieren un modelo en el que las personas puedan permanecer en sus casas, pero si tienen que ir a una residencia, estas deben funcionar “a todos los efectos como el hogar de las personas”. La secretaria de Estado ha destacado que el Gobierno ha destinado más de 1.800 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a que las comunidades autónomas puedan transformar las residencias.. La directora del Imserso ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que faltan plazas para mayores. “El incremento de situaciones de dependencia es muy grande”, ha dicho. “Otra cosa es de qué alojamientos, de qué residencias o de qué instituciones. Eso es central en el debate”.. Al hilo de esto, en esta edición del censo se recoge información sobre las viviendas de la red de servicios sociales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad. Para las primeras, el informe apunta que existen cerca de 1.300 casas (gestionadas por 268 entidades, tanto públicas como privadas), la amplísima mayoría para personas sin dependencia reconocida o con un grado I, el más leve. Para las segundas, más de 2.900 (gestionadas por más de 1.130 entidades, tanto públicas como privadas). Según ha explicado Sancho, en el caso de los mayores se trata muchas veces de recursos puestos en marcha hace ya décadas para personas que vivían en condiciones precarias, pero no por necesidades relacionadas con cuidados o autonomía personal. La nueva ley de dependencia recoge precisamente un nuevo servicio de viviendas con apoyos, con independencia de que existan grandes necesidades de cuidados. Es una de las vías que la reforma permitirá desarrollar.
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