Los gobiernos autonómicos de las 12 comunidades gobernadas por el Partido Popular y el del País Vasco (PNV y PSOE) han reclamado este jueves a la ministra Diana Morant que retire su plan para frenar las universidades chiringuito en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que se ha celebrado en Paterna (Valencia). Estos ejecutivos regionales consideran que la modificación del decreto de creación de universidades públicas o privadas invade sus competencias, choca con la Constitución y supone una barrera para la apertura de nuevos centros en España, un negocio tan lucrativo que pronto habrá más centros privados (hoy 46) que públicos (50) y no todos cuentan con calidad.. Seguir leyendo
La ministra Morant: “No puede ser que en la última década la red pública solo haya aumentado un 2% la matrícula, mientras que en la privada ha sido de un 100%”
Los gobiernos autonómicos de las 12 comunidades gobernadas por el Partido Popular y el del País Vasco (PNV y PSOE) han reclamado este jueves a la ministra Diana Morant que retire su plan para frenar las universidades chiringuito en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que se ha celebrado en Paterna (Valencia). Estos ejecutivos regionales consideran que la modificación del decreto de creación de universidades públicas o privadas invade sus competencias, choca con la Constitución y supone una barrera para la apertura de nuevos centros en España, un negocio tan lucrativo que pronto habrá más centros privados (hoy 46) que públicos (50) y no todos cuentan con calidad.. Los consejeros del PP han querido escenificar su rechazo al texto pidiendo que la modificación del decreto de 2021 se votase en la conferencia. Los cambios obligan a los nuevos proyectos universitarios a obtener un informe favorable de la agencia de evaluación ANECA o de las territoriales, a conseguir fondos para ciencia en concursos competitivos o a tener al menos 4.500 alumnos. El ministerio se ha negado. Fuentes del departamento sostienen que “se trata de un mero informe dentro del procedimiento de elaboración del proyecto de real decreto. No es en modo alguno un acuerdo de la CGPU y, por tanto, no requiere de votación. La voluntad de seguir adelante es firme, en la defensa de la calidad del sistema universitario español”.. El consejero madrileño, Emilio Viciana, ha sido el encargado de hacer pública la propuesta. “Se nos ha impedido votar la modificación. Hemos pedido que conste en acta nuestra oposición frontal a esta modificación y a lo que se pretende hacer con las universidades privadas”, ha afirmado tras la reunión. Madrid se ve muy afectada, porque la nueva criba limita la autorización de dos proyectos en su territorio, de los que ya ha pedido un informe al ministerio. Extremadura y Aragón, con tres iniciativas, también se ven seriamente perjudicadas, y algo menos Canarias y Baleares, con una propuesta cada una.. “Un sistema universitario tiene que garantizar la calidad y vamos a exigir la calidad en todas aquellas universidades nuevas que se creen en nuestro país”, remarcó la ministra Morant antes de la conferencia. “No puede ser que en la última década la pública solo haya aumentado un 2% la matrícula, mientras que la privada un 100%”. La cifra expresa, en su opinión, que “algo está fallando en nuestro país, no estamos ofreciendo el ascensor social”.. Ahora las comunidades solicitan un informe técnico sobre la calidad del proyecto al ministerio y este se vota en la CGPU, pero su resultado no tiene valor, de forma que las comunidades autorizan las universidades suspendidas sin problema. El Gobierno pensó en hacer el documento vinculante, pero en el Congreso de los Diputados PNV y Junts se mostraron en contra, por invasión competencial. Optaron entonces por añadir un segundo informe elaborado por la agencia de evaluación ANECA o sus territoriales, dependientes de los gobiernos autonómicos. Pero no ha sido suficiente para el PNV.. El Ejecutivo vasco ha estado duro, por boca de su viceconsejero de Universidades, Xabier Aizpurua: “Nuestra primera reclamación consiste en anular el carácter de urgente a este proyecto y reiniciar los trámites hasta llevar a cabo un proceso de consulta y audiencia que dé la posibilidad de poder estudiar el texto con serenidad”. El ministerio, por contra, cree que es pertinente actuar por el trámite de urgencia, por el sorpaso de centros en poco tiempo.. Tampoco le gusta al Gobierno vasco que, con la modificación del decreto, las universidades que tengan más de un 80% de su actividad virtual pasen a ser competencia estatal, cuando ahora dependen de la comunidad en la que tienen su sede física. “El Estado está procediendo a una centralización contraria a las competencias autonómicas”, ha afirmado Aizpurua. Euskadi no tiene ninguna universidad de modalidad a distancia.. Al País Vasco le preocupa especialmente el criterio de contar con un mínimo de 4.500 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales para que el centro siga abierto. “Se cierra en España la vía a que se constituyan universidades de excelencia muy especializada”, ha señalado su viceconsejero. Euskadi tiene dos privadas a las que no afecta el decreto: la prestigiosa Deusto (11.000 alumnos), de los jesuitas; y la innovadora Mondragón, del grupo empresarial homónimo. Y una tercera en la cuerda floja: Euneiz (296 matriculados en grado de grado y 7 de máster en 2024), con el dueño de los clubs Alavés y el Baskonia, Josean Querejeta, como accionista principal. Es un negocio especializado en deporte, fisioterapia y creación de videojuegos que echó a andar en 2022.. “Las universidades son incubadoras de talento y en Aragón necesitamos que nuestros jóvenes se queden aquí para formarse y no se tengan que ir fuera de la comunidad”, se ha quejado su consejera Claudia Pérez Forniés.. Por su parte, en el Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, se ha alineado esta vez con el Gobierno central. “Nuestro sentido ha sido de conformidad al texto presentado, porque entronca con lo que venimos aplicando en los últimos años, con las iniciativas que recibimos”, ha afirmado tras el encuentro su consejero, Amador Pastor. Toledo, por su cercanía a Madrid, y Albacete, a Valencia, interesan especialmente a los promotores de universidades, pero el gobierno castellanomanchego solo está dispuesto a autorizar campus, que demuestren que van a investigar y transferir conocimiento y así lo ha recogido en una ley.
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