La Unión Europea quiere endurecer sus leyes contra los abusos y la explotación sexual de menores, algo especialmente urgente en una época de grandes y rápidos avances tecnológicos que, en las manos equivocadas, facilitan estos delitos contra una de las partes más vulnerables de la población. La Eurocámara y el Consejo, es decir, los Estados, han llegado a un acuerdo provisional —todavía tiene que ser ratificado por las dos partes— para incrementar la lista de delitos, establecer normas claras sobre la cuestión del consentimiento, aumentar las penas y, a la par, fijar los plazos de prescripción, que se amplían hasta los 32 años a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad para los delitos más graves, como la violación.. Seguir leyendo
Una directiva penaliza con hasta dos años la producción de sistemas de IA diseñados para producir material delictivo y fija plazos de prescripción hasta que las víctimas cumplan 50 años
La Unión Europea quiere endurecer sus leyes contra los abusos y la explotación sexual de menores, algo especialmente urgente en una época de grandes y rápidos avances tecnológicos que, en las manos equivocadas, facilitan estos delitos contra una de las partes más vulnerables de la población. La Eurocámara y el Consejo, es decir, los Estados, han llegado a un acuerdo provisional —todavía tiene que ser ratificado por las dos partes— para incrementar la lista de delitos, establecer normas claras sobre la cuestión del consentimiento, aumentar las penas y, a la par, fijar los plazos de prescripción, que se amplían hasta los 32 años a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad para los delitos más graves, como la violación.. “Nuestro deber es proteger a los niños contra los abusos sexuales y, hoy, hemos dado un paso decisivo para reforzar la protección a través de toda la UE”, ha celebrado el ministro de Justicia chipriota, Costas Fytiris, cuyo país ostenta hasta finales de mes la presidencia de turno europea.. El acuerdo provisional, alcanzado tras un año de negociaciones interinstitucionales, establece un plazo más amplio durante el cual se pueden investigar y enjuiciar los delitos una vez que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, como reclamaban múltiples organizaciones de víctimas debido a que estas a menudo necesitan décadas antes de poder presentar una denuncia o siquiera hablar de lo que les sucedió a tan temprana edad. El plazo se ampliará hasta los 32 años en los casos de violación de menores, tanto por debajo como por encima de la edad de consentimiento sexual, así como en los casos de obligar a un menor a ejercer la prostitución.. Es decir, las víctimas podrán presentar una denuncia hasta que cumplan los 50 años. Para la mayoría de los delitos contemplados en la legislación y castigados con penas de entre 5 y 10 años, el plazo de prescripción será de 20 años. Y para un tercer grupo de delitos, entre los que se incluye la producción de material de abuso sexual infantil, será de 15.. “Hemos escuchado a las víctimas”, ha asegurado en este sentido el eurodiputado conservador neerlandés Jeroen Lenaers, ponente por la Eurocámara de la normativa. Estos plazos contribuirán a “garantizar que las víctimas de abusos sexuales puedan reclamar justicia de forma efectiva, teniendo en cuenta que pueden necesitar un largo periodo de tiempo para denunciar los delitos que sufrieron cuando eran menores”, acota el Consejo en un comunicado.. Los negociadores también han acordado una mejor definición de delitos de abusos sexuales contra menores, que han ampliado y adaptado a los nuevos tiempos. Así, la nueva directiva penalizará con hasta dos años de cárcel la producción y uso de sistemas de IA diseñados para producir material de abuso sexual infantil. También será punible poseer y difundir instrucciones sobre cómo cometer abusos sexuales a menores o cómo producir material de abusos sexuales a menores, por ejemplo, a través de un libro, una guía en línea o unas instrucciones.. La nueva normativa penalizará además el llamado “grooming”, es decir, la captación de menores con fines sexuales. En este sentido, proponer quedar con un menor que no haya alcanzado la edad de consentimiento será punible cuando ello dé lugar a delitos (hasta un año de prisión, o dos años cuando se utilice coacción, fuerza o amenazas), destaca la Eurocámara. De igual manera, se tipificará como delito el intento de incitación, incluso a través de internet, a que un menor facilite material de abuso sexual infantil (CSAM), con penas de hasta seis meses de prisión, o de un año si se produce con coacción, fuerza o amenaza. Otros delitos ahora tipificados son la retransmisión en directo de abusos sexuales a menores y la “sextorsión” (amenazar a menores con la difusión de material de abuso sexual infantil).. El texto legal negociado también establece normas más claras en torno al consentimiento, que debe ser dado de forma libre y explícita. El “mero silencio o la falta de resistencia del menor” no constituirán permiso para hacerlo (el denominado consentimiento inferido), se subraya. Eso sí, la edad de consentimiento sexual para menores seguirá siendo competencia de los Estados.. La nueva directiva refuerza además la obligación de informar cuando hay una sospecha de que se están cometiendo abusos sexuales contra un menor. Y a la hora de contratar a personal en contacto habitual con menores, los empleadores deberán asimismo realizar comprobaciones de antecedentes para asegurarse de que el solicitante no haya sido condenado por delitos de abuso sexual infantil. A instancias de la Eurocámara, esta obligación se ha extendido a las actividades voluntarias que impliquen a menores, como actividades extraescolares.. “Con estas nuevas medidas, los niños estarán mejor protegidos contra el abuso y la explotación sexuales (…), los agresores se enfrentarán a consecuencias más severas y serán llevados ante la justicia, incluso muchos años después de haber cometido sus delitos. Al mismo tiempo, estamos reforzando el apoyo a las víctimas, reconociendo que las consecuencias del abuso pueden durar toda la vida”, ha subrayado el ministro de Justicia Fytiris.. Una vez la norma sea ratificada por la Eurocámara y los Estados, para lo que aún no se ha fijado una cita, los Estados tendrán tres años de tiempo para trasponer la directiva a su ley nacional.. En España, el Congreso aprobó, precisamente, en noviembre de 2024, estudiar un cambio legislativo para que los delitos sexuales graves contra menores (penados con más de cinco años de cárcel) no prescriban. Tras esa toma en consideración, empezó la tramitación parlamentaria. El plazo para presentar enmiendas se cerró este pasado febrero y los activistas que han luchado para la reforma de la ley se concentraron el pasado martes frente al Congreso para denunciar “la parálisis” de la reforma y lo que consideran el “incumplimiento del compromiso del ministro de Justicia, Félix Bolaños”.
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