EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.. Seguir leyendo
Los obispos españoles dan la espalda a la propuesta del Defensor del Pueblo de crear un fondo de reparación donde colaboren con dinero las diócesis y órdenes
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.. ───────────. La Iglesia española rechaza la idea de indemnizar a las víctimas de pederastia en un marco estatal e independiente y se agarra a seguir reparando a los afectados a través de sus procesos internos, un modelo duramente criticado por la mayoría de los denunciantes de abusos sexuales clericales. No obstante, los obispos han asegurado que van a pagar. “Quien quiera una reparación económica, la tendrá”, ha declarado este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, durante la rueda de prensa tras la última asamblea plenaria de este año de los prelados españoles. El también portavoz ha comentado que los obispos han sido informados de los últimos detalles del PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos), el sistema de compensación defendido por la Iglesia, específicamente sobre los formularios que se utilizarán para iniciar los procesos de reparación.. Las declaraciones de Magán llegan al final de una de las semanas más importantes para el escándalo de la pederastia en la Iglesia. Mientras los obispos se han reunido para zanjar el asunto con la puesta en marcha de su plan de reparación, el Defensor del Pueblo defendía en el Congreso de los Diputados su informe sobre las agresiones sexuales a menores en el ámbito religioso. Lo hizo este jueves, un año después de terminarlo y publicarlo, para apremiar a los diputados que en 2022 le encomendaron el trabajo por amplia mayoría a que acojan las 24 recomendaciones que incluye en su estudio, sobre todo, aquellas que inciden en la urgencia de reparar económicamente a las víctimas.. Ángel Gabilondo, titular de la institución del Defensor, propuso ante los diputados un modelo mixto en el que Estado e Iglesia cooperen para la creación de un fondo estatal para pagar las indemnizaciones “en aquellos casos que por prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar penalmente. La idea es que un “órgano independiente” y “estatal” (el defensor matizó que “estatal” no tiene que significar “del Estado”) fije los baremos y los procedimientos para el reconocimiento de los delitos y la reparación de las víctimas. “Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, [la Iglesia y el Estado] adopten compromisos conjuntos”, dijo Gabilondo. La mayoría de los grupos parlamentarios compartieron la urgencia de reparar a las víctimas, aunque discreparon en si debe ser la jerarquía eclesial la que deba pagar toda la factura millonaria de los abusos.. La Iglesia ve esta proposición (tanto la del Defensor como la de algunos partidos de obligar a las diócesis y órdenes a pagar lo que dictaminen especialistas independientes) como un ataque. No quiere que un organismo ajeno recopile sus casos y decida lo que hay que abonar, sino que apuesta por sus tribunales canónicos y un plan unilateral dirigido por los obispos y los superiores religiosos para reparar a las víctimas. Los prelados españoles aseguran que sus procesos de acogida y compensación están funcionando, y lo llevan haciendo desde 2019.. Una afirmación que choca con el testimonio de decenas de afectados que ya han denunciado abusos ante las oficinas de la CEE, las diócesis y las congregaciones. EL PAÍS publicó este miércoles una investigación donde 108 víctimas acusaban con pruebas a la jerarquía eclesial de no indemnizar por el daño causado, de alargar los procesos, de no contestar a sus correos y de obligarlas a firmar cláusulas de confidencialidad.. Estas acusaciones ponen en duda las garantías del PRIVA. Dicho plan, según ha explicado en varias ocasiones la CEE, girará alrededor de una comisión nacional de arbitraje, cuyos miembros han sido elegidos por los obispos y la Confederación Española de Religiosos (CONFER). No es íntegramente independiente. Este equipo verificará cada caso que esté prescrito o si el acusado ha fallecido y fijará una reparación, siempre teniendo en cuenta lo que pida la víctima en cuestión. Luego enviará la resolución en un informe a la congregación o diócesis a la que pertenezca el pederasta para que esta la valore y decida si la ejecuta o no. Es decir, todo dependerá al final si el prelado o el superior de la orden quiera acoger la propuesta de esta comisión de arbitraje.
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