EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.. Seguir leyendo
Los obispos, tras negarse a cooperar con las instituciones como propone el Defensor del Pueblo, publican un formulario para que los afectados soliciten indemnizaciones. Una comisión eclesial estudiará cada caso
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.. ───────────. La Iglesia española ha abierto un canal para centralizar y gestionar las solicitudes de las víctimas de pederastia que deseen solicitar una reparación “en los casos en que dichos abusos ya están prescritos civil o canónicamente o ha fallecido el victimario”. La Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) han redactado un formulario para que los afectados pueden enviar su denuncia a la Comisión Asesora, un grupo de trabajo creado por los obispos que estudiará cada caso y establecerá una reparación. Los obispados y las congregaciones también tienen disponible este formulario para remitírselo a las víctimas que conozcan o enviarlo ellos a la comisión si los afectados le dan permiso. El documento se podrá mandar por correo electrónico y postal.. Este es el paso real que da la Iglesia sobre el pago de reparaciones tras años negándose a abordar el tema. Pese a la importancia de la noticia, los obispos no lo han dado a conocer públicamente, ni siquiera han publicado una nota de prensa. El documento lo colgaron a finales de noviembre en la plataforma eclesial Para dar luz, donde la CEE divulga información sobre su gestión en la protección de menores, y solo se ha conocido cuando algunas víctimas han recibido un correo electrónico de la institución el pasado diciembre para informarle de la existencia del procedimiento, bautizado por como Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (Priva).. La puesta en marcha de este plan es una etapa más en el proceso emprendido por la Iglesia y el Estado para afrontar el escándalo de la pederastia. El Defensor del Pueblo presentó en noviembre en el Congreso el informe sobre abusos sexuales en el ámbito religioso que dos años antes le encargaron por mayoría los diputados y cuyo contenido se conoce desde hace un año. Ángel Gabilondo, titular de la entidad, reclamó durante su intervención que la jerarquía eclesial y el Estado “colaboren juntos” para indemnizar a las víctimas. Gabilondo propone la creación de un fondo estatal en el que participe la Iglesia y que un organismo independiente gestione las reparaciones. Pero los obispos se niegan a cooperar y definen este modelo mixto como un “ataque”. El Gobierno aprobó en abril un plan que incorporaba esta propuesta del Defensor, intentó contactar con los obispos para que participasen en el fondo y estos le dieron la espalda. Hasta el momento, el único paso que se ha dado dentro del Congreso de los Diputados ha sido un acuerdo entre el PSOE y Sumar para aprobar una subcomisión para estudiar los casos de abusos y abordar el pago de las indemnizaciones.. En el plan de la Iglesia, una vez que la comisión reciba el formulario, esta lo reenviará a la diócesis u orden correspondiente a la que pertenezca el agresor, para informarle de la denuncia y solicitarle “informes” sobre el caso. Los obispos no explican qué contendrá esa documentación (si, por ejemplo, son archivos internos de la diócesis sobre el acusado, interrogatorios a testigos, investigaciones canónicas…). “Cuando la Comisión Asesora reciba tanto la solicitud como los informes de la entidad o entidades en las que declaró su caso, comenzará su tarea: estudiar la documentación recibida, concederle en el momento oportuno un trámite de audiencia, subsanación o mejora de dicha documentación; y elaborar una propuesta o dictamen de reparación integral. Dicho dictamen se le hará llegar a la entidad eclesial responsable, que será quien le comunique el contenido”, se lee en la web de los obispos. El trabajo de la comisión tiene un plazo máximo previsto de tres meses y el afectado tendrá “una interlocución abierta” con dicho organismo.. La CEE se niega a informar de los baremos que seguirá para las reparaciones, solo ha matizado que el plan prevé una “compensación dineraria” para quien la solicite, además de un pago en “especie (tratamientos médicos o psicológicos), acompañamiento espiritual, medidas simbólicas, reconocimiento institucional y procesos de justicia restaurativa”. La media económica en los países europeos que ya han indemnizado a víctimas de abusos clericales es de unos 35.000 euros, pero en países como EE. UU. han superado los 600.000. La Iglesia española ha pagado de media unos 10.000 euros en procesos internos por afectado y, en pocos casos, la suma ha alcanzado los 50.000. El papa Francisco, sobre este asunto, ha advertido que esta cantidad (de 50.000 euros) es insuficiente.. Los obispos españoles han subrayado que la multa la tendrá que abonar el acusado y si este no puede o ha fallecido, la diócesis o congregación a la que pertenece. Tampoco han avanzado cómo financiará la posible factura millonaria, aunque sí han avisado que ninguna víctima se quedará sin ser reparada. “Quien quiera una reparación económica, la tendrá”, dijo el secretario general de los prelados españoles, César García Magán, durante la última reunión plenaria en noviembre del episcopado. Este periódico contabiliza en su base de datos 1.535 acusados de pederastia clerical y 2.818 víctimas.. El Priva no garantiza que los solicitantes reciban una indemnización, ya que será la diócesis y las órdenes religiosas las que decidirán si cumplir la propuesta de la comisión o no. Por otro lado, este organismo de arbitraje no es independiente, puesto que los miembros han sido elegidos por los obispos y entre ellos figuran dos representantes de la jerarquía eclesial. La creación del Priva tampoco contó con el visto bueno de las organizaciones de víctimas, a pesar de que el presidente de la CEE, el arzobispo Luis Argüello, se comprometió con ellas a mantener reuniones para abordar el asunto. Argüello faltó a su promesa y obvió informar a los afectados el camino que seguiría la Iglesia para repararles.. Una barrera frente a la compensación económica. Para la mayoría de las víctimas que ya han denunciado su caso ante la Iglesia, este plan supone una barrera que demorará más la espera para recibir una compensación económica. Y es que decenas de afectados ya estaban en medio de un proceso de reparación gestionado unilateralmente por cada diócesis y orden religiosa que, ante la inoperatividad de la CEE y la Confer, decidieron hace seis años poner en marcha sus propios modelos para indemnizar. Algunas de ellas han leído con sorpresa, tras meses de gestiones con la institución correspondiente, la comunicación de que ahora la reparación que recibirán la tendrá que validar la Comisión Asesora.. Hasta ahora, los procesos ejecutados por la Iglesia han sido un velo de hormigón entre los afectados y su derecho a una justicia restaurativa. EL PAÍS ha seguido en el último año las solicitudes de reparación de 115 víctimas y los resultados son reveladores: 110 desmienten que la institución eclesial esté acogiéndolas y reparándolas y solo cinco de ellas admiten estar satisfechas con la atención recibida. En la mayoría de los casos (77), la institución no hizo nada después de recibir la denuncia.. En el resto, los obispados abrieron un proceso de escucha en el que, salvo en contados casos, aún no ha pagado una indemnización. Una treintena de estas víctimas relata que, a pesar de acudir a los canales de atención de la Iglesia, dejaron de recibir respuesta de los responsables a sus solicitudes. De ellas, a una quincena ni siquiera se le contestó su primer mensaje. Algunos de esos correos (seis) iban dirigidos a un canal que dos años habilitó la Conferencia Episcopal para gestionar las denuncias. Los afectados recibieron un mensaje automático y después, dicen, no supieron nada más. Para extraer estos datos, esteperiódico no solo ha recopilado los testimonios de estas víctimas, sino que ha tenido acceso a decenas de mails, documentos oficiales y grabaciones de conversaciones que los afectados han mantenido con las oficinas de atención al menor de la Iglesia.
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