El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, cerró 2023 con más de 1.200 millones de euros provisionados en sus cuentas para hacer frente a pagos atrasados y a conflictos judiciales pendientes con los cinco hospitales públicos de gestión privada ―cuatro de Quirónsalud y uno del Grupo Ribera Salud― y el militar Gómez Ulla ―del Ministerio de Defensa―. Así lo revela un informe de la Cámara de Cuentas publicado el 30 de diciembre que, sobre los hospitales, detalla que la cifra creció con respecto a 2022 (1.011 millones), principalmente porque se incrementó la dotación para cubrir procedimientos judiciales (de 248 millones en 2022 a 315 en 2023). Un balance que retrata la espada de Damocles que pende sobre las finanzas regionales, y cuya cifra final dependerá del pulso administrativo y judicial que enfrenta a ambas partes.. Seguir leyendo
La Cámara de Cuentas revela que las provisiones para pagos atrasados y los conflictos judiciales con las concesionarias se multiplicaron en 2023
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, cerró 2023 con más de 1.200 millones de euros provisionados en sus cuentas para hacer frente a pagos atrasados y a conflictos judiciales pendientes con los cinco hospitales públicos de gestión privada ―cuatro de Quirónsalud y uno del Grupo Ribera Salud― y el militar Gómez Ulla ―del Ministerio de Defensa―. Así lo revela un informe de la Cámara de Cuentas publicado el 30 de diciembre que, sobre los hospitales, detalla que la cifra creció con respecto a 2022 (1.011 millones), principalmente porque se incrementó la dotación para cubrir procedimientos judiciales (de 248 millones en 2022 a 315 en 2023). Un balance que retrata la espada de Damocles que pende sobre las finanzas regionales, y cuya cifra final dependerá del pulso administrativo y judicial que enfrenta a ambas partes.. Más información. Las 12 claves para 12 meses de 2025 en el Madrid de Ayuso: de Óscar López a Franco y el ‘caso González Amador’. Esto se lee en el informe de la Cámara de Cuentas. “En 2023 el total de importes provisionados asciende a 1.242.037 miles de euros [lo que incluye] la previsión de liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de los convenios y conciertos con los hospitales gestionados de forma indirecta, con un importe al cierre de 2023 de 926.092 miles de euros [y] el importe dotado por los procedimientos judiciales en curso alcanzando 315.945 miles de euros, fundamentalmente por la aparición a partir de 2021 de reclamaciones relativas a las liquidaciones aprobadas correspondientes a ejercicios antiguos por los servicios prestados por los hospitales gestionados indirectamente y de intereses de demora por el retraso en las liquidaciones”.. Así explica la situación un portavoz de la Consejería de Sanidad, que dirige Fátima Matute: “La provisión de cifras que se señala se debe al pago de la actividad realizada durante varios años que está pendiente de abonar debido al complejo proceso de fiscalización que lleva consigo la auditoría, y a la necesaria disponibilidad de crédito”. A lo que añade: “Los procedimientos judiciales son obligaciones que hay que cumplir y atender como corresponde con la ley”.. La cascada de sentencias contrarias a los intereses del Ejecutivo regional es continua. En 2023, detalla la Cámara de Cuentas, se resolvieron conflictos judiciales de 2020, 2021, 2022 y parte de 2023 que supusieron que la Comunidad tuviera que pagar 56 millones de euros por las reclamaciones recibidas.. Ante esa sangría continua para las finanzas regionales, que incluye el gravoso pago de intereses de demora, la llegada de Ayuso al poder ha supuesto un cambio de paradigma en la Administración regional: desde 2022, su Gobierno protagoniza un esfuerzo sin precedentes por adelgazar su deuda con estos centros, que incluyen cuatro de Quirón ―Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; y Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión―, y uno de Ribera Salud ―Torrejón―. Aunque Madrid incluye al militar Gómez Ulla, concertado con el Ministerio de Defensa, entre esos hospitales de gestión indirecta, los conflictos y deudas se concentran mayoritariamente en los de gestión privada. Y Ayuso ha apostado por cambiar la estrategia que aplicaron los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González o Cristina Cifuentes.. “La tesis era sencilla: a esta gente se le debe dinero desde hace mucho tiempo y esta situación hay que ponerla ya en orden”, resumió una fuente cuando EL PAÍS adelantó que el Gobierno había saldado en seis meses de 2022 al menos 1.390 millones de la deuda pendiente desde 2015 con los hospitales públicos concesionados a diferentes gestores privados. “Ahí se impuso el sentido común de la jefa [por Ayuso] y del vicepresidente [Enrique] Ossorio, con la idea de quitarse eso de encima, porque luego vienen las sentencias en contra, que incluyen intereses de demora, y es mucho más lo que toca pagar”.. Los pagos de la administración han continuado desde entonces, igual que una lluvia fina, millonaria e insuficiente. La deuda no desciende de manera drástica por una doble causa: viene acumulándose desde hace una década y cada año suma nuevos elementos con la lenta revisión de las liquidaciones correspondientes.. Estas son las reglas de un pulso que tiene como premio decenas de millones. A un lado, están los hospitales públicos de gestión privada de Madrid y lo que facturan por sus servicios. Al otro, la Administración, que somete esos gastos a una triple auditoría y los discute al céntimo. El choque consecuente favorece la acumulación de pagos pendientes, y la generación de una abultada deuda que el Gobierno no quiere detallar porque la cifra final está sometida al resultado de litigios administrativos y judiciales, y, asegura, varía constantemente.. Pero las empresas cotizadas sí deben concretar la dimensión del agujero contable. De esta manera, en abril se supo que la Administración regional debía a los cuatro hospitales públicos de gestión privada de Quirónsalud en la región un total de 918 millones, según el informe anual del ejercicio 2023 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. Eso convirtió a la Administración autonómica en el principal deudor del conglomerado con un 25% del total, aunque el Gobierno regional rechazó entonces concretar a cuánto ascendía lo adeudado según sus cálculos, con el argumento de que las liquidaciones pendientes forman parte de “un proceso vivo” en el que las dos partes discuten “euro a euro”.. Solo en 2023, según el informe de la Cámara de Cuentas, la Comunidad reconoció más de 1.000 millones de euros en obligaciones con estos seis hospitales gestionados de forma indirecta, mediante concesión administrativa ―Hospital Infanta Elena de Valdemoro (102.199 miles de euros), Hospital de Torrejón (102.395 miles), Hospital Rey Juan Carlos (194.117 miles), Hospital General de Villalba (98.957 miles)― o a través de conciertos ―Fundación Jiménez Díaz (540.144 miles) y Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (50.742 miles)―. Y una cosa está clara: desde entonces, el choque alrededor de la cifra global solo se ha multiplicado.
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