El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha fallado contra la ordenanza del Ayuntamiento de Valladolid (PP y Vox) por la cual se eliminaron varios carriles bici y carriles bus. La sentencia, ante la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, establece que una alteración tan importante para la movilidad hubiera requerido crear una nueva ordenanza y no una mera modificación de la anterior, lo cual agilizaba los trámites. Las vías específicas de los autobuses ya se han retirado, así como un camino protegido para bicicletas, con otro céntrico carril actualmente en obras. Valladolid fue una de las primeras urbes que anunció en 2023 que eliminaría carriles bici, seguida luego por otras como Elche, Logroño, Valencia, Murcia, Palma de Mallorca y Gijón. El Ministerio de Transportes exigió por carta a varias de ellas que devolvieran los fondos europeos obtenidos para movilidad sostenible.. Seguir leyendo
La sentencia se centra en el procedimiento que usó el consistorio para suprimir esas vías, que no ve adecuado dado el impacto en la movilidad de las medidas adoptadas por PP y Vox
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha fallado contra la ordenanza del Ayuntamiento de Valladolid (PP y Vox) por la cual se eliminaron varios carriles bici y carriles bus. La sentencia, ante la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, establece que una alteración tan importante para la movilidad hubiera requerido crear una nueva ordenanza y no una mera modificación de la anterior, lo cual agilizaba los trámites. Las vías específicas de los autobuses ya se han retirado, así como un camino protegido para bicicletas, con otro céntrico carril actualmente en obras. Valladolid fue una de las primeras urbes que anunció en 2023 que eliminaría carriles bici, seguida luego por otras como Elche, Logroño, Valencia, Murcia, Palma de Mallorca y Gijón. El Ministerio de Transportes exigió por carta a varias de ellas que devolvieran los fondos europeos obtenidos para movilidad sostenible.. Si el Consistorio vallisoletano no recurre, la resolución judicial será firme e implicará la retirada de la actual norma, una de las claves del programa electoral de PP y Vox, que favorecían el transporte en vehículo privado frente a modos más sostenibles. La sentencia del TSJCyL se centra en el procedimiento legislativo utilizado para sacar adelante estas políticas, aprobado en Pleno el 30 de octubre de 2023, a los pocos meses de la nueva corporación.. Los jueces han considerado que el mecanismo de cambiar simplemente la ordenanza referida al tráfico y a la movilidad no sirve como manera de impulsar estos cambios dada su gran afección sobre la ciudadanía, explicado así: “Cuando la intensidad de las mismas fuese de tal trascendencia que incidiese en el derecho de los ciudadanos a usar de las vías de circulación”. Así, se declara “la exigüidad de la disposición la hace inviable jurídicamente hablando, en cuanto se convierte, en realidad, en una norma de reenvío y no cumple las finalidades para las que está prevista”.. El porqué de modificar la ordenanza pasada —aprobada por el PSOE y Valladolid Toma La Palabra con el socialista Óscar Puente como alcalde— se debe a que el procedimiento sería mucho más rápido que crear, debatir y aprobar una nueva, lo cual hubiera retardado los plazos para suprimir esos carriles bus y las vías propias de ciclistas, una de las líneas clave del programa del alcalde, Jesús Julio Carnero (PP).. El dictamen judicial se ampara en un ejemplo tangible en Valladolid, otro fallo del TSJCyL de 2022, cuando reprendió al entonces Consistorio por la modificación de la ordenanza previa para incluir varios carriles únicos para autobuses y sendas urbanas para ciclistas. El entonces mando municipal asumió el mandato de los tribunales tras inadmitir su recurso el Supremo, firmó la ordenanza ahora vigente —modificada un año después por el PP y Vox— y también tuvo que devolver el importe de las multas impuestas sobre los vehículos que contravinieron las órdenes derivadas de esa ordenanza también considerada inapropiada por su mecanismo de implantación.. Denuncia de Ecologistas en Acción. La denuncia llegó a la Justicia gracias al colectivo Ecologistas en Acción, que criticó tanto el procedimiento de tomar las decisiones como las propias políticas de movilidad, centradas en el beneficio del conductor individual y no en el transporte público o sostenible. El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha anunciado un recurso de casación al Supremo y que “no se altera ninguna de las modificaciones establecidas en la movilidad de la ciudad”. “Nadie entendería que diéramos vuelta a las modificaciones de movilidad, extraordinariamente positivas para la ciudad”, ha defendido, y ha añadido: “No hemos eliminado carriles bici, sino sustituido los itinerarios”, si bien esos cambios repercuten en la eficiencia de esas vías. Alberca ha insistido en que las obras seguirán activas porque la sentencia no las afecta.. Ecologistas en Acción ha celebrado el posicionamiento de los magistrados e instando a Carnero a “la paralización inmediata del desmantelamiento en curso del carril bici del paseo de Isabel la Católica y su restitución para posibilitar la movilidad ciclista en ese eje principal de la ciudad”, obras actualmente activas, y la “recuperación del carril bici de la avenida de Gijón y de los carriles bus suprimidos por el equipo de gobierno popular contra la jurisprudencia que él mismo provocó”. El PSOE de Valladolid ha tildado la noticia de “muy negativa” para el equipo de Gobierno, en palabras de su portavoz, Pedro Herrero, pero “buena noticia para todos los ciudadanos. Pedimos que esta vez actúe con sensatez; que no haga perder más el tiempo a la ciudad recurriendo al Supremo, y restituya los carriles habilitados para el transporte público, que es algo muy factible”.. Hace unas semanas que comenzaron los trabajos de supresión del carril bici de la avenida de Isabel la Católica, una vía recta, céntrica y muy utilizada por los vallisoletanos: casi medio millón de ciclistas o usuarios de movilidad sostenible desde enero hasta que comenzó su supresión. Esta iniciativa fue criticada por múltiples colectivos sociales de Valladolid tanto por el retroceso en el transporte saludable como por el gasto: crearlo costó unos 200.000 euros y el proceso total de quitarlo y trasladarlo al interior del parque contiguo supera el millón. Asimismo, este nuevo trazado implica afecciones sobre un parque protegido como La Rosaleda, resulta poco cómodo para el usuario frecuente de la bicicleta por incluir desvíos por una zona con abundantes niños o perros e incluye subidas y bajadas poco eficientes para los desplazamientos urbanos sobre dos ruedas.
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