Gabriel Navarro, el empresario que está en el corazón del caso FP, en el que se investiga el presunto fraccionamiento ilegal en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar a dedo la reforma de una docena de centros educativos, contactó en 2024 con asesores de la presidenta regional para reclamar el pago de sus trabajos. Así consta en su declaración ante la Fiscalía, a la que accedió EL PAÍS, en la que aseguró que se citó con dos miembros del gabinete de la baronesa, uno de los cuales se presentó, según su relato, “como la mano derecha de Ayuso”. Un portavoz del ejecutivo regional, que llevó el caso a la Fiscalía, confirma el contacto y sostiene que a Navarro simplemente se le escuchó su queja por los impagos y “se le remitió al organismo competente”. El empresario afirmó que desde ese momento dejaron de cogerle el teléfono.. Seguir leyendo
Tras la declaración del constructor ante la Fiscalía, a la que accedió EL PAÍS, el gobierno dice que simplemente se le escuchó y “se le remitió al organismo competente”
Gabriel Navarro, el empresario que está en el corazón del caso FP, en el que se investiga el presunto fraccionamiento ilegal en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar a dedo la reforma de una docena de centros educativos, contactó en 2024 con asesores de la presidenta regional para reclamar el pago de sus trabajos. Así consta en su declaración ante la Fiscalía, a la que accedió EL PAÍS, en la que aseguró que se citó con dos miembros del gabinete de la baronesa, uno de los cuales se presentó, según su relato, “como la mano derecha de Ayuso”. Un portavoz del ejecutivo regional, que llevó el caso a la Fiscalía, confirma el contacto y sostiene que a Navarro simplemente se le escuchó su queja por los impagos y “se le remitió al organismo competente”. El empresario afirmó que desde ese momento dejaron de cogerle el teléfono.. Más información. La jueza rechaza la personación del Gobierno de Ayuso en el caso que investiga sus gastos en centros de FP. “Hace cinco meses tuvo una reunión presencial en la cafetería que hace esquina con Presidencia de la CC de Madrid [sic] en Plaza Mayor, con Alfonso Javier Usía en la que le dijeron que no se preocupase que todo lo iban a solucionar y luego han dejado de cogerle el teléfono”, se lee la transcripción de la declaración de Navarro, que probablemente confunde la Puerta del Sol, donde está la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo regional, con la Plaza Mayor. Y añade: “Cuando se reúne en la cafetería de la Plaza Mayor las personas que aparecen se presenta uno de ellos como la mano de derecha de Isabel Díaz Ayuso, el sr. Usía. De las dos personas que acudieron él era quien llevaba la voz cantante”.. Navarro acudió a esa cita para reclamar los 1.460.724,80 que según sus cuentas le debía la administración regional por la reforma de centros FP que ahora, precisamente, investiga una jueza para esclarecer si pudo haber un delito de prevaricación administrativa, al haberse supuestamente fraccionado más de tres millones en contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec, de Navarro) para obras en una docena de centros educativos en 2021, 2022 y 2023.. Alfonso Javier Ussía figura como asesor de la presidenta regional en el portal de transparencia autonómico. Sin embargo, un portavoz del ejecutivo no confirmó que fuera uno de los que contactó con Navarro, aunque sí aseguró que este no tuvo contacto ni con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta, ni con otros miembros del equipo más cercano de la presidenta.. “Este señor se puso en contacto con el Gabinete de la Presidencia el pasado mes de marzo [de 2024] solicitando ser atendido”, detalla un portavoz gubernamental. “Alegaba que tenía un grave problema vinculado a la Comunidad de Madrid”, sigue. “Este Gabinete se puso en contacto con él, se le escuchó y tras comprobar que alegaba un impago de facturas de la Consejería de Educación, se le remitió al organismo competente”, añade este interlocutor, que duda de que algún miembro del gabinete de la presidenta se presente como su mano derecha.. La magistrada encargada de dilucidar si hay suficientes indicios como para abrir juicio oral por este caso, en el que están personados Podemos, PSOE, Más Madrid y el sindicato CC OO, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” y la Fiscalía describió “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la consejería de Educación para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023.. En lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec).. Todo ocurrió así: el 18 de septiembre de 2023, dos centros educativos de la Comunidad de Madrid en el complejo ciudad escolar de San Fernando reciben sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (…) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones enviadas por orden de Navarro, al que la jueza no ha llamado a declarar, y por lo tanto no forma parte en estos momentos de la causa.. Con esas comunicaciones acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024. Los tres están convocados a declarar este miércoles ante la jueza.. “Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.
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