El Consejo de Estado ha certificado el fiasco de la investigación del caso Begoña Gómez impulsada en la Asamblea de Madrid por el PP de Isabel Díaz Ayuso al avalar, en consonancia con sus dictámenes previos, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es fiscalizable por un parlamento regional, incluso si es convocado “en su mera condición de esposo”. Así consta en un dictamen al que ha accedido EL PAÍS y que consuma el cierre en falso de un órgano que acabará sus trabajos con 17 comparecencias y ninguna novedad de calado tras ser diseñado por los conservadores para desgastar al jefe del ejecutivo central a través del supuesto trato de favor recibido por parte de su esposa en su relación laboral con la Universidad Complutense. Gómez está imputada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su labor como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en el centro educativo.. Seguir leyendo
El órgano consultivo reafirma tras una petición impulsada por Vox que el presidente no es fiscalizable por un parlamento regional, aunque sea convocado “en su mera condición de esposo”
El Consejo de Estado ha certificado el fiasco de la investigación del caso Begoña Gómez impulsada en la Asamblea de Madrid por el PP de Isabel Díaz Ayuso al avalar, en consonancia con sus dictámenes previos, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es fiscalizable por un parlamento regional, incluso si es convocado “en su mera condición de esposo”. Así consta en un dictamen al que ha accedido EL PAÍS y que consuma el cierre en falso de un órgano que acabará sus trabajos con 17 comparecencias y ninguna novedad de calado tras ser diseñado por los conservadores para desgastar al jefe del ejecutivo central a través del supuesto trato de favor recibido por parte de su esposa en su relación laboral con la Universidad Complutense. Gómez está imputada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su labor como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en el centro educativo.. Más información. La investigación de Ayuso a Begoña Gómez termina sin novedades y con un cierre en falso. A mediados de febrero, la Mesa de la Asamblea de Madrid, en la que el PP tiene mayoría absoluta, aceptó una petición de Vox para que el Parlamento regional consultara “de urgencia” al Consejo de Estado si el presidente del Gobierno estaba obligado a comparecer. Aunque el órgano consultivo ya había dictaminado en ocasiones precedentes que los miembros del Gobierno central no están obligados a acudir a Parlamentos regionales (una tesis defendida por el propio PP cuando le ha convenido) las formaciones de derechas justificaron su petición con una pirueta argumental: Sánchez, plantearon, no comparecería como presidente, sino “en su mera condición personal de esposo de una de las personas que tiene una posición principal en las actuaciones que están siendo objeto de investigación parlamentaria”.. Sin embargo, este viernes, el Consejo de Estado ha echado agua al clavo ardiendo al que se agarraban PP y Vox para justificar los trabajos de una comisión que ha estado trufada de testimonios a favor de la corrección de la relación laboral de Gómez con la UCM, y que, pese a todo, previsiblemente redundará en un dictamen que los conservadores enviarán a la Fiscalía y al juzgado que investiga los mismos hechos. No, Sánchez no está obligado a acudir a la llamada de la Cámara madrileña. Tampoco como esposo de Gómez.. “”. Gómez comenzó su relación con la UCM en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.. El PP, que goza de mayoría absoluta en la Asamblea, impulsó esta comisión en verano con la excusa de que el caso que afecta a Gómez, investigada también judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su trabajo en la UCM, afectaba al prestigio del centro educativo.. Sin embargo, la investigación parlamentaria languidece desde que Gómez compareció en la comisión en noviembre, acogiéndose a su derecho a no declarar. De hecho, ese mismo día, el rector de esta universidad, Joaquín Goyache, desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de lacátedra de Transformación Social Competitivaimpartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (…) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.. Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente cuando fue convocado a la Asamblea: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.. Y en el tramo final de la investigación, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group, dijo que “el proyecto se desarrolló como cualquier proyecto de desarrollo de software (…) Fue un proyecto más”.. Pese a ello, el PP planea llevar el dictamen de los trabajos de la comisión, que se elaborará próximamente, hasta la Fiscalía, por si encontrara hechos presuntamente constitutivos de delitos, según una fuente con galones en la formación conservadora.
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