Las tremendas consecuencias de la dana de Valencia han obligado a las comunidades autónomas a plantearse si sus protocolos de emergencia y las medidas adoptadas para mitigar las riadas son las adecuadas. En esa vorágine, también se ha abierto el debate de si se debe seguir adelante con proyectos que proceden de planes urbanísticos anteriores a la normativa actual, más restrictiva a la hora de construir en áreas inundables. La respuesta varía y, mientras Sevilla se replantea uno de sus grandes proyectos urbanísticos en la dehesa de la Tablada por el peligro de inundaciones, en Málaga se fía la construcción de miles de casas en Campanillas a un futuro encauzamiento del río, en Murcia se sigue adelante con promociones en áreas de riesgo o en Toledo se propone un hotel a orillas del Tajo, entre otras muchas actuaciones.. Seguir leyendo
El desastre de Valencia pone en evidencia que es necesario revisar los planes urbanísticos en curso que no están adaptados a la legislación más reciente
Las tremendas consecuencias de la dana de Valencia han obligado a las comunidades autónomas a plantearse si sus protocolos de emergencia y las medidas adoptadas para mitigar las riadas son las adecuadas. En esa vorágine, también se ha abierto el debate de si se debe seguir adelante con proyectos que proceden de planes urbanísticos anteriores a la normativa actual, más restrictiva a la hora de construir en áreas inundables. La respuesta varía y, mientras Sevilla se replantea uno de sus grandes proyectos urbanísticos en la dehesa de la Tablada por el peligro de inundaciones, en Málaga se fía la construcción de miles de casas en Campanillas a un futuro encauzamiento del río, en Murcia se sigue adelante con promociones en áreas de riesgo o en Toledo se propone un hotel a orillas del Tajo, entre otras muchas actuaciones.. “Existen planes municipales de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, en los que no se contemplaban las avenidas de agua y que habría que actualizar”, apunta Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico en la Universidad de Alicante y experto en ordenación del territorio, climatología y riesgos naturales. Es en la Ley del Suelo de 1998, tras la tragedia del camping de Biescas, cuando se decide declarar no urbanizables las áreas con peligro demostrado de inundación. “Pero en ese momento no existían los mapas de riesgo [comienzan a aparecer en 2007 a raíz de la Directiva Europea de Inundaciones] así que ningún documento probaba si era inundable o no el terreno sobre el que se quería edificar y el interés de los ayuntamientos por averiguarlo era pequeño o nulo”, señala María Jesús Perles, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Málaga. A partir de 2015, se obliga a los ayuntamientos a elaborar un plan de protección frente a la inundación, “que hace complicado que hoy en día se aprueben nuevas construcciones en zonas inundables de alto riesgo”, matiza Olcina.. En medio de ese largo periplo legal, se ha ido construyendo en terrenos inundables. “Ha habido malas prácticas durante muchos años en todas las ciudades y sobre todo en las franjas costeras, que se arrastran hasta ahora”, puntualiza Perles. Pone como ejemplo el área de Campanillas en Málaga, una de las zonas más problemáticas cuando llueve con intensidad, que prevé la construcción de miles de viviendas. El ayuntamiento asegura que la solución es el encauzamiento del río Campanillas, que estuvo a punto de desbordarse con la última dana, un proyecto que lleva esperando 20 años debido al coste de la obra y para el que ahora están buscando financiación en los promotores privados.. Perles no está de acuerdo con esta solución, porque “es un río muy intervenido, en el que ya existen dos presas de laminación, además de un encauzamiento del arroyo Tomillar, y nada de eso funciona suficientemente como se demostró en la riada de 2020”. En su opinión, “es irresponsable” promover la ocupación futura de este suelo ofreciendo una sensación institucional de terreno seguro. “De lo que se trata es de mejorar la protección de la población ya expuesta y no poner a un número mayor de personas en riesgo edificando en estos lugares, hay que cambiar el enfoque”, concreta.. Dos metros de agua. En Murcia, Ecologistas en Acción y Huermur han denunciado que el ayuntamiento tiene proyectadas promociones urbanísticas en lugares inundables. Entre ellas, se encuentra el plan parcial de la zona residencial Barriomar, situado en el oeste de la ciudad, en una zona en la que el río Segura hace un meandro y que está catalogada en los mapas de peligrosidad como de alto riesgo. El plan se aprobó en 2009, y ha resurgido este año con una modificación que el ayuntamiento presentó a información pública. Se prevé la edificación de unas 2.000 viviendas. El estudio de inundabilidad presentado por los promotores advierte de los problemas del área si hay riadas, porque “es inundable para las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno”. En algunas zonas la altura del agua podría llegar a los dos metros, concreta. “La principal medida que se puede adoptar”, añade el estudio, es elevar el terreno donde se edifique el desarrollo urbanístico.. Fuentes municipales responden a EL PAÍS que este planeamiento se aprobó hace años con todos los informes favorables, incluidos los del organismo de cuenca y que ahora se revisa siguiendo la tramitación prevista y teniendo en cuenta las zonas de flujo preferente. En estas se concentra el agua en las riadas y pueden provocar daños graves para las personas y los bienes. Además, señalan que no solo depende de ellos, sino de la Confederación Hidrográfica del Segura (que depende del Estado) y del Gobierno regional.. En la comarca de la Vega Baja del Segura, en Dolores, un municipio situado al sur de la provincia de Alicante, ha resucitado otro plan: el sector Dolores Golf, aprobado hace más de 15 años. La organización Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) recurrió el acuerdo del municipio para dar vía libre a una operación que proyecta edificar unas 2.500 viviendas sobre 1,6 millones de metros cuadrados. “En zona inundable”, apostilla Sergio Arroyo, presidente de la asociación. El riesgo de inundación es de grado 2 [el segundo más alto según el plan de prevención de inundación valenciano]. El grupo pide que intervenga la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España por el grave peligro que supondrían las avenidas de agua y el impacto sobre la huerta tradicional y los humedales del entorno. Allí las danas han dejado su impronta, la de 2019 anegó toda la zona convirtiéndola en un inmenso lago.. Más lejos del mar, la ciudad de Toledo, rodeada en sus dos terceras partes por el río Tajo, se libra en gran medida de las avenidas de agua debido a que una proporción de su recinto histórico está elevado varias decenas de metros por encima del cauce. Un peligro que puede correr el hotel planificado a orillas del río, porque buena parte de él, además de las zonas verdes, se encuentran en terreno inundable para un periodo de retorno de 500 años. El proyecto, de la legislatura pasada, salió a información pública hace un año y está a la espera de los informes de la Consejería de Cultura, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, indica un portavoz del ayuntamiento toledano, gobernado por PP y Vox. El plan de ordenación urbana de Toledo es de los antiguos, de 1986.. Un municipio que quiere dejar atrás su plan general, también de 1986, es Cartagena (Murcia). En esa actualización, en información pública hasta el 20 de este mes, aparece una promoción de viviendas en zona inundable: el Plan Rambla, junto a la rambla de Benipila. La Asociación Pacto por el Mar Menor está preparando alegaciones porque “presenta un riesgo de inundación clarísimo”, indica su presidente, Ramón Pagán. También critica otras operaciones que convertirán áreas cercanas al mar Menor en urbanizables, “lo que hará al suelo menos permeable, aumentará las escorrentías cuando lleguen las riadas y los daños en las poblaciones ribereñas de la laguna”, mantiene.. El ayuntamiento de Cartagena apunta a la Confederación Hidrográfica del Segura como el organismo que debe informar sobre “protección de cauces y su criterio sobre medidas ante riesgos de inundación”. Por otra parte, han contratado con la Universidad Politécnica de Cartagena un estudio sobre las zonas inundables y de flujo preferente del municipio, para adecuar la norma urbanística a ello.
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