La reciente decisión de varias comunidades autónomas de oponerse a la catalogación de la anguila europea como especie amenazada no es solo una mala noticia para una de las especies más emblemáticas y en peor estado de conservación de nuestros ríos, humedales y mares. Es, sobre todo, una señal preocupante de algo más profundo: el fallo del sistema de gobernanza de la biodiversidad en España.. Seguir leyendo
La anguila y el fracaso de la gobernanza de la biodiversidad en España
La reciente decisión de varias comunidades autónomas de oponerse a la catalogación de la anguila europea como especie amenazada no es solo una mala noticia para una de las especies más emblemáticas y en peor estado de conservación de nuestros ríos, humedales y mares. Es, sobre todo, una señal preocupante de algo más profundo: el fallo del sistema de gobernanza de la biodiversidad en España.. La anguila europea atraviesa una situación crítica ampliamente documentada por la comunidad científica internacional. Durante décadas, los informes técnicos han alertado de un declive poblacional drástico, hasta situarla entre las especies con mayor riesgo de desaparición a escala global, clasificada como “en peligro crítico” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la categoría más elevada de amenaza.. En España, la evidencia científica disponible no solo confirma este diagnóstico, sino que ha sido evaluada formalmente dentro del propio procedimiento legal de catalogación: el Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitió dictamen favorable a su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas al constatar que la especie se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad.. Este comité, órgano independiente de asesoramiento científico creado precisamente para garantizar decisiones basadas en conocimiento técnico, volvió a actualizar su evaluación en 2024, reiterando su recomendación de incluir la anguila en la categoría de “en peligro de extinción”, la máxima prevista en el catálogo español. Es decir, no solo existen informes técnicos coincidentes, sino un aval científico explícito dentro del propio sistema institucional encargado de aplicar la ley.. Sin embargo, la propuesta ha quedado bloqueada en un órgano de coordinación política donde varias comunidades autónomas (Valencia, Asturias, Galicia, Cantabria, Murcia y Baleares) se posicionaron expresamente en contra, mientras otras solicitaron aplazar la decisión para incorporar consideraciones socioeconómicas adicionales mediante nuevos grupos de trabajo. El resultado práctico es claro: la catalogación no avanza pese a la evidencia científica existente desde hace años.. Este episodio plantea una cuestión incómoda pero inevitable: ¿puede España decidir si cumple o no su propia legislación ambiental en función de intereses políticos o económicos coyunturales?. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad es inequívoca. Su artículo 58 establece el marco para la inclusión de especies en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y no deja margen a interpretaciones discrecionales. La norma señala expresamente que se “incluirá cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje” a los taxones o poblaciones amenazadas en las categorías correspondientes. No dice que podrá incluirse. No dice que se valorará políticamente. Dice que se incluirá.. Es decir, la ley configura la catalogación como una decisión técnica basada en evidencia científica, no como una negociación política.. Cuando las administraciones públicas ignoran ese mandato legal, el problema deja de ser únicamente ambiental y pasa a ser institucional. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de la anguila, sino la credibilidad del Estado de derecho aplicado a la conservación del patrimonio natural.. Lo ocurrido no es un caso aislado. En los últimos años hemos asistido a situaciones similares con otras especies, como la tórtola europea, donde decisiones que deberían sustentarse exclusivamente en criterios científicos han quedado condicionadas por presiones económicas o sectoriales. Se genera así una dinámica peligrosa: la conservación de la biodiversidad se convierte en una cuestión negociable, dependiente del equilibrio político del momento.. Esta deriva contradice el propio espíritu de la legislación española y europea. La protección de la biodiversidad se diseñó precisamente para evitar que decisiones a corto plazo comprometan bienes comunes irremplazables. El patrimonio natural no pertenece a un gobierno, a una comunidad autónoma ni a un sector económico concreto: pertenece al conjunto de la sociedad y también a las generaciones futuras.. Introducir consideraciones socioeconómicas en la gestión de las especies puede ser legítimo cuando se diseñan medidas de transición o apoyo a los sectores afectados. Pero esas consideraciones no pueden utilizarse para cuestionar el diagnóstico científico sobre el estado de conservación de una especie. Primero se reconoce la realidad biológica; después se gestionan sus consecuencias sociales. Invertir ese orden supone vaciar de contenido la propia ley.. Además, retrasar decisiones necesarias no evita los impactos económicos: simplemente los agrava. La historia de la gestión pesquera y de los recursos naturales demuestra que actuar tarde conduce a escenarios más restrictivos y socialmente más costosos. La recuperación de especies requiere previsión, no aplazamientos indefinidos.. La situación de la anguila simboliza, por tanto, un problema estructural: España dispone de una buena legislación ambiental, pero carece todavía de mecanismos de gobernanza que garanticen su aplicación efectiva cuando aparecen conflictos políticos. Si las decisiones científicas pueden bloquearse en órganos políticos sin consecuencias jurídicas ni institucionales, el sistema deja de ofrecer seguridad y coherencia.. Necesitamos reforzar un principio básico: las decisiones sobre el estado de conservación de las especies deben estar blindadas frente a intereses coyunturales. Los órganos de cooperación administrativa son esenciales para coordinar políticas, pero no pueden convertirse en espacios donde se reinterpreta o se suspende la aplicación de la ley.. El debate abierto por la anguila debería servir como oportunidad para revisar cómo se toman estas decisiones y asegurar que los procedimientos de catalogación respondan realmente a criterios técnicos independientes, transparentes y verificables. La ciencia debe informar la política ambiental, no quedar subordinada a ella.. España se enfrenta simultáneamente a una crisis climática y a una crisis de pérdida de biodiversidad sin precedentes. En este contexto, debilitar los instrumentos legales diseñados para proteger las especies más vulnerables no solo compromete nuestros ecosistemas, sino también nuestra credibilidad internacional y el cumplimiento de los compromisos europeos e internacionales asumidos por el país.. La pregunta de fondo es sencilla: ¿queremos un sistema en el que la protección del patrimonio natural dependa del conocimiento científico y del cumplimiento de la ley, o uno en el que pueda quedar paralizada por intereses a corto plazo? La respuesta debería ser evidente. Porque cuando la ciencia pierde frente a la política, quien realmente pierde es el patrimonio natural común de toda la sociedad.. La anguila aún puede recuperarse. Pero para ello necesitamos algo más que diagnósticos científicos: necesitamos instituciones capaces de actuar conforme a ellos.. Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife; Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF; Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra; Erika González, coordinadora de Ecologistas en Acción; Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace; Vera Coelho, directora ejecutiva de Oceana en Europa; y Soledad Gallego, directora de ClientEarth España.
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