El Ayuntamiento de Madrid encargó en 2022 un estudio sobre pisos turísticos a través del Observatorio de la Vivienda, un órgano municipal dependiente del área de Vivienda con una presencia importante del lobby de promotores en su composición. El estudio se adjudicó a la Universidad Rey Juan Carlos a través de un convenio de 87.900 euros. En lugar de analizar los problemas que puede generar que cada vez haya más alojamientos, que la gran mayoría no tengan licencia o las estrategias que puede tomar la administración para paliar sus efectos en el aumento del precio de las casas, es un análisis del “confort”, la “oferta cultural” cercana o la “amabilidad” de los dueños de estos alojamientos. La muestra del estudio es muy reducida. Solo se analizaron 94 pisos turísticos, y de ellos se visitaron 40, en una ciudad en la que hay al menos 17.000 en total. Más de 15.000 ilegales, según datos oficiales.. Seguir leyendo
El informe, que analiza tan solo 92 de los más de 17.000 alojamientos de este tipo de Madrid, habla del “confort” de las viviendas y de la “amabilidad” de sus propietarios, pero obvia que la mayoría son ilegales
El Ayuntamiento de Madrid encargó en 2022 un estudio sobre pisos turísticos a través del Observatorio de la Vivienda, un órgano municipal dependiente del área de Vivienda con una presencia importante del lobby de promotores en su composición. El estudio se adjudicó a la Universidad Rey Juan Carlos a través de un convenio de 87.900 euros. En lugar de analizar los problemas que puede generar que cada vez haya más alojamientos, que la gran mayoría no tengan licencia o las estrategias que puede tomar la administración para paliar sus efectos en el aumento del precio de las casas, es un análisis del “confort”, la “oferta cultural” cercana o la “amabilidad” de los dueños de estos alojamientos. La muestra del estudio es muy reducida. Solo se analizaron 94 pisos turísticos, y de ellos se visitaron 40, en una ciudad en la que hay al menos 17.000 en total. Más de 15.000 ilegales, según datos oficiales.. El estudio ya estaba redactado el 15 de marzo del año pasado y ha permanecido oculto hasta el 20 de marzo de este año, que se ha presentado a través del Observatorio a los grupos de la oposición. Para Más Madrid, no es una casualidad que se dé a conocer ahora, a pocos meses de que se apruebe definitivamente la nueva normativa de pisos turísticos ―el llamado plan Reside―, que endurece los criterios para conceder licencias en ciertas zonas de la ciudad, pero que no se centra tanto en perseguir y cerrar aquellas viviendas vacacionales que operen sin licencia, que es lo que pide la oposición.. Más Madrid teme que el estudio pueda servir al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para allanar el terreno ante una futura “amnistía” para todos aquellos alojamientos vacacionales que están operando al margen de la ley. Son más de 15.200, según un informe remitido por el Ministerio de Consumo. “No lo vamos a consentir de ninguna manera”, defiende la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.. El estudio fue encargado en 2022 por el exdelegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Ciudadanos) a través del Observatorio de la Vivienda, un organismo dependiente del Área de Vivienda con una importante representación actores privados, como la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación (Concovi), la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat) o la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr), entre otros. Aunque también hay representantes de los grupos políticos de la oposición, de colegios profesionales y de asociaciones vecinales, la mayoría de los puestos con poder de decisión están en manos del gobierno municipal y del sector promotor. “El alcalde ha convertido el Observatorio de la Vivienda en su chiringuito para blanquear sus políticas especulativas”, reprocha Maestre.. El convenio por el que se adjudicó este estudio a la Universidad Rey Juan Carlos ha costado 87.900 euros de dinero público. Las conclusiones de la investigación contienen frases contundentes, como que la regulación de los alojamientos vacacionales “podría tener un impacto limitado en la resolución del reto del acceso a la vivienda en la ciudad de Madrid”. Sin embargo, su metodología es opaca y poco fiable. No se refleja el equipo redactor del informe ni la fecha. Tampoco el margen de error, muy alto en un estudio que solo analiza 94 casos sobre las más de 17.000 viviendas de este tipo ―legales e ilegales― que hay en el mercado. De hecho, dentro de esas 94 casas, solo se visitaron 40.. El estudio tampoco profundiza en la gentrificación de la ciudad, solo menciona de refilón los problemas de convivencia que provocan los alojamientos turísticos en las comunidades vecinales, no revisa las políticas que aplican otras ciudades y obvia que la inmensa mayoría de estos pisos son ilegales y que operan al margen del control municipal y de los requisitos de seguridad y consumo.. En lugar de eso, se centra en analizar su “confort”, la basta “oferta cultural” de los barrios en los que se ubican, la preferencia de los visitantes por los pisos altos o la “profesionalización” y “amabilidad” de los gestores de este tipo de alojamientos. “Es demencial y, por descontado, exigimos explicaciones al alcalde”, sostiene la portavoz de Más Madrid. “El informe es parcial y está desactualizado. Y vaya, qué raro, rema a favor de los pisos turísticos ilegales”, ha añadido.. Más Madrid está centrando gran parte de su estrategia en señalar el problema de los pisos turísticos ilegales y en reprochar al gobierno municipal que no esté haciendo suficiente para solucionarlo. Maestre anunció hace unos días que va a denunciar al Ayuntamiento de Madrid y a la Agencia de Actividades por el supuesto “consentimiento deliberado” de los pisos turísticos ilegales. “Esos pisos turísticos están perfectamente señalados. Sabemos donde se encuentran, cuáles son sus direcciones”, recordó Maestre en referencia al informe que elaboró el ministerio y que recoge esa información. Según la portavoz de la oposición, el alcalde de Madrid puede estar prevaricando al no clausurarlos.
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